Junto a ese problema aduanero, con las últimas “refriegas” entre Canarias y el Gobierno de España a cuenta del supuesto incumplimiento de Madrid de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), esas voces se han agudizado denunciando que Madrid nos sigue considerando ciudadanos de segunda categoría.
Lamentablemente, nuestra historia está llena de situaciones en las que somos valorados de formas muy distintas a las de otros ciudadanos, dependientes administrativamente, del Estado español.
Uno de los más claros ejemplos lo encontramos en el año 1817. En ese año España, presionada por Gran Bretaña, se vio obligada a firmar un tratado internacional que prohibía la trata de esclavos. La misma debía ser abolida por completo entre dicho año y 1820.
Durante las negociaciones para alcanzar el referido acuerdo, España llegó a pedir a Gran Bretaña una compensación de 1.500.000 libras esterlinas a cambio de su adhesión al tratado que ponía fin al trafico de personas humanas.
Del total del dinero recaudado, 500.000 libras irían destinadas a indemnizar a los propietarios que se verían obligados a dar la libertad a sus esclavos, como forma de compensar sus perdidas económicas.
Con el otro millón de libras sobrantes se pretendía “exportar” a las Antillas a campesinos canarios, para que su fuerza de trabajo supliera a los esclavos recién liberados.
Parece ser, por lo tanto, que los canarios fuimos vistos por los gobernantes españoles como “personas semejantes en derechos a la mano de obra esclava”.
Fuente: La Esclavitud blanca. CCCP. Manuel de Paz y Manuel Hernández.
Juan Carlos Saavedra
Escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria
