Así mismo, conviene recordar que en marzo de 2021 se publicó la resolución por la que se aprobó la Estrategia para la Transformación Digital del servicio público de la Administración de Justicia de Canarias, la cual contempla una inversión de 3 millones de euros para recursos tecnológico en el 2022, así como otros 3 millones más para el 2023. Sin embargo, ni los millones anunciados para la actualización digital de la justicia, ni la estrategia trazada por nuestra clase política en el ámbito de la misma pone el foco de atención en los verdaderos problemas cuya solución reclaman los canarios, y, sinceramente, no percatarse de esto o es consecuencia de la burbuja privilegiada en la que viven algunos políticos, o simple ineptitud por no saber acudir a las fuentes oficiales que evalúan las verdaderas necesidades ciudadanas.
En el año 2020 los motivos con mayor porcentaje de quejas sobre la Justicia de la ciudadanía fueron los que hacen referencia al “derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le afectan”. Estas quejas supusieron concretamente el 48,19% del total de motivos que recoge la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, y que la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial publica anualmente. Es decir, la gente no se queja de que el personal de la administración de justicia no tenga el último y más moderno equipo informático, o que no pueda celebrarse telemáticamente un juicio (que se puede); la ciudadanía se queja de lo lenta que es la justicia, y esto es a consecuencia del cúmulo de procedimientos atrasados que se dan en muchos de los partidos judiciales de Canarias. No puede ser que, por ejemplo, en Granadilla de Abona se tarden 2 años en que una demanda sea admitida a trámite tras su presentación. ¿De qué serviría que todo se tramitara con el último Apple, y que el juicio se pudiera celebrar telemáticamente, si el problema está en que el demandado no se ha enterado de que lo ha sido hasta dos años después? ¿No será que el problema está más en la carencia de capital humano para los servicios de tramitación judicial, que en la modernización digital?
Lo cierto es que el Plan Estratégico para la Justicia en Canarias en cierto modo reconoce el problema de falta de personal para la gestión de los procedimientos, por eso destina a recursos humanos 850.000 euros para 2022 y otros 850.000 euros para el 2023, pero esta partida supone una cantidad irrisoria frente a los 6 millones de euros previstos hasta 2023 para los recursos tecnológicos. Nuevamente nuestros representantes flaquean en saber localizar el verdadero problema, y señores consejeros, en política, tan importante es tener dinero para gastar como saber en qué gastarlo.
En definitiva, llegará el año 2023 y si ejecutan el presupuesto prometido, a lo mejor el personal de la Administración de Justicia podrá remitirnos los escritos desde un moderno ordenador de trabajo, pero en muchos partidos judiciales si hoy presentásemos la demanda, llegados el 2023, el demandado no sabrá ni que lo está.