El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció este miércoles, tras el Consejo extraordinario celebrado en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo ha decidido prorrogar la limitación de grupos de personas en espacios públicos y privados según los niveles de la pandemia COVID-19 en las distintas islas hasta el próximo 31 de agosto y atendiendo a si se trata de convivientes o no. Esta medida se adoptó en las Islas el pasado mes de mayo, fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un auto unánime del día 9 de ese mes y, ahora, el Gobierno regional volverá a solicitar, en el menor plazo de tiempo posible, el respaldo de la sala bajo el argumento de que la incidencia acumulada del virus y la presión hospitalaria no ha dejado de crecer en el Archipiélago desde entonces.
En una rueda de prensa posterior al Consejo, Pérez recordó que esa limitación sigue vigente hasta el 31 de este mes de julio. Tras tener conocimiento de los informes de los expertos del área de salud, y dada la relevancia que le están dando los últimos pronunciamientos judiciales a que las restricciones adoptadas se acoten en el tiempo, el Gobierno autonómico ha decidido prorrogarla durante todo agosto, si bien queda a expensas de esa nueva autorización del TSJC.
La medida se adoptó tras el levantamiento del último estado de alarma y se aplica tanto de noche como de día y en espacios públicos o privados, así como en exteriores e interiores. Pérez se refirió a la complejidad del seguimiento en los lugares públicos y, por eso, el Ejecutivo acompañará un informe policial sobre cómo se está controlando su cumplimiento, texto que completará los de carácter epidemiológico y de ocupación de camas UCI y de planta hospitalaria.
En islas en nivel 1 se permite un máximo de 10 personas no convivientes (aquellas que no viven en el mismo hogar), mientras que, en las que se sitúan en el 2, el tope se fija en seis. En los casos en los que el semáforo epidemiológico sube a 3 o 4, la limitación se determina en cuatro personas.
El pasado 9 de mayo, el TSJC ratificó esta decisión sin votos contrarios al entenderla proporcionada a la situación de los contagios y en los hospitales y por no suponer una limitación de derechos fundamentales que no estuviera justificada. El Gobierno confía en que, como los datos de la pandemia han empeorado mucho desde entonces, el Tribunal vuelva a apoyar la medida.
El portavoz recalcó que los expertos consideran esta limitación como una de las más eficaces, “aunque de compleja aplicación”, si bien insistió en que el control de los contagios y los cambios de tendencia de la COVID-19 se producen siempre gracias a la combinación de diversas medidas. Esa complejidad explica que, en los ámbitos privados, la limitación se convierta en la práctica en una recomendación a la ciudadanía, según detalló.
“Siempre hemos intentado adelantarnos a la evolución de la pandemia”
Pérez subrayó que el Gobierno “siempre ha intentado adelantarse a los acontecimientos y a la evolución de la pandemia” con el fin de minimizar los efectos sanitarios y económicos. De ahí que, dado que los expertos sostienen que el toque de queda es una de las restricciones que mejores efectos surten en la población más joven, la más afectada ahora por los contagios, decidieran volver a aplicarlo en las Islas de 00:30 a 6.00 horas.
No obstante, y tras el rechazo del TSJC y la ratificación del Tribunal Supremo en un auto de ayer (miércoles 27 de julio), el Gobierno ha estudiado hoy a fondo ese último pronunciamiento y, sobre todo, la afirmación del Supremo de que no se puede comparar la situación en regiones como Cataluña, Cantabria o Comunidad Valencia, donde se superan los mil casos a siete días, con Canarias, en la que se solicitaba restringir la movilidad nocturna en islas que superasen los 100 casos. “La lógica del Gobierno siempre ha sido la de no caernos por el precipicio y anticiparnos. Sostenemos que el criterio de hacer limitaciones por islas, y no por comarcas, es el mejor para controlar la pandemia, aunque, aun así, planteamos también que se hiciera por municipios con más de 100 casos, pero tampoco lo han avalado y tomamos nota”.
El Consejo, además, analizó la posibilidad de que los trabajadores públicos de ciertos servicios de atención al ciudadano deban vacunarse, “dado que, si bien el proceso de inmunización avanza, también lo hacen la incidencia y la presión hospitalaria, lo que obliga al Gobierno a mantener un elevado nivel de preocupación”, indicó el portavoz del Ejecutivo.
