El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 10 de septiembre, el Decreto ley de Medidas Urgentes de los Sectores Primario, Energético, Turístico y Territorial de Canarias. Este instrumento legal nace ante la necesidad de agilizar la tramitación administrativa en sectores clave para una rápida recuperación económica. El documento también tiene carácter preventivo, con el objeto de anticiparse a posibles retrocesos en la lucha contra la COVID-19.
Ese decreto ley se compone de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, 18 disposiciones finales y una disposición derogatoria. Define modificaciones en diversos textos legales, entre leyes y decretos, relacionados con sectores como el turismo, la agricultura, la construcción, la restauración o las energías renovables. En esta línea, se actúa solo sobre suelos urbanos consolidados, no se quita competencias a ninguna administración y se basa en la legislación básica estatal.
Entre las principales medidas que recoge en materia turística, se suprime la autorización previa para cualquier actuación de renovación y modernización turística que no suponga nuevas plazas de alojamiento, y facilita el uso sanitario con carácter complementario o auxiliar al uso turístico principal, entre otros aspectos.
Por su parte, en el ámbito de las actividades clasificadas, se permite el aumento del espacio de terrazas para actividades de servicio al doble de su superficie, manteniendo la ocupación autorizada. En esta línea, cualquier establecimiento de restauración con capacidad inferior a 300 personas no necesita de autorización administrativa previa.
El decreto ley facilita la legalización de más del 40% de las explotaciones ganaderas que se encuentran actualmente sin cobertura jurídica y que les impide acceder a subvenciones y otro tipo de ayudas.
En materia de energías renovables, se potencia el autoconsumo al permitirse la ocupación del 100% de la superficie de las cubiertas.
Tales mecanismos se pondrán en marcha inmediatamente, desde la aprobación del decreto ley. La herramienta será sometida a una evaluación continua por parte del Gobierno, con el fin de analizar su utilidad, las distorsiones que pueda crear y también la evolución de la responsabilidad de los operadores públicos y privados.
El documento se ha llevado a cabo tras un proceso de consulta con los expertos propios de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, administraciones locales e insulares y otros especialistas que representan a distintos sectores económicos, para así mejorar la aplicación práctica de las políticas públicas que pretenden reactivar los distintos sectores económicos.
