"Otras comunidades autónomas de España o regiones europeas, si tuviesen un régimen fiscal como el nuestro estarían como locos, matarían por él, y aquí no lo estamos defendiendo", afirmó ayer taxativamente el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, que ve un "desinterés" por parte del Gobierno y del Parlamento canarios en exigir con más firmeza al Ministerio de Hacienda que amplíe los plazos para la materialización de la RIC y para la inscripción de los proyectos en la ZEC, según recoge el periódico La Provincia.
A su juicio, el "Gobierno de Canarias tiene que presionar y no lo está haciendo adecuadamente", censura. El dirigente empresarial considera que es un asunto de tal importancia que no basta con mandar una carta -la de la Consejería de Hacienda al Ministerio de María Jesús Montero- o una llamada de teléfono del presidente canario, Ángel Víctor Torres, a la ministra, sino que hay que "plantarse" en Madrid y batallar por el fuero canario, para que en Canarias se puedan desbloquear inversiones de hasta 1.200 millones de euros -que es lo que se suele dotar en RIC anualmente- que no se realizarán porque los empresarios no quieren invertir ante la incertidumbre con los plazos, asevera José Cristóbal García, en consonancia con Orlando Luján, delegado del Gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias. "No creo que estemos defendiendo nuestros fueros con la intensidad que se debiera", recalca el dirigente de la CCE, quien además afea al Parlamento canario por no haber tenido la iniciativa de presentar una proposición no de ley o algún acuerdo instando al Gobierno de España a que alargue de una vez los plazos de la RIC y del REF en un contexto en el que Europa ya ha prorrogado, además, las ayudas de Estado.
Para Orlando Luján, si Madrid dice que no hay problema para extender los plazos, como debería ser y se ha comprometido la ministra Montero, puede hacer un Real decreto ley "canario" para incorporar esas medidas, pero tendrán que ser informadas por el Parlamento regional, y "llama la atención que dejen esta tarea para el final", apunta.
Tanto Luján como García recuerdan, además, que es uno de los puntos del Plan Reactiva de Torres que fue aprobado esta semana por el Parlamento, aunque en el seno del plan no deja de ser "una declaración de intenciones", precisa el asesor fiscal," y lo que hace falta es ejecutarlo, "y en eso se nos van los tiempos y la incertidumbre hace que los inversores se retraigan, que se dificulte el acceso a la financiación a esos proyectos, y si no invertimos en Canarias en esta coyuntura es malo", cuestiona Luján. "La RIC y la ZEC son ayudas para que podamos ir al mismo ritmo que en el territorio continental, y esa muleta hoy está estropeada porque tiene deficiencias y caducidades; justo cuando más lo necesitamos la muleta no está en condiciones y eso no se puede permitir", concluye.
