El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este sábado que las 7.000 plazas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a la llegada de migrantes son provisionales dado que su objetivo es que tengan unas condiciones de atención "decorosas" hasta que puedan retornar a sus países, pues llegaron a las islas de forma ilegal.
En una rueda de prensa con motivo de su visita a las obras de ampliación del aeropuerto Tenerife Sur, ha comentado no se puede dar el mensaje de que "esto es posible", en referencia a la entrada ilegal en España, aparte de que el Estado tiene una "responsabilidad" ante la Unión Europa.
En esa línea, ha apuntado que Canarias es "la puerta" de entrada a Europa, especialmente desde que se han controlado los flujos en el Mediterráneo y las 'mafias' se han dirigido hacia el sur, de ahí que el archipiélago sea un "elemento de contención".
Denuncian la violación de los derechos fundamentales de los migrantes
La Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en Canarias ha denunciado el deterioro de la situación de los inmigrantes llegados a las islas en pateras o cayucos, así como la violación sistemática de los derechos fundamentales de estas personas.
En un comunicado, ha lamentado que se les aloje en campamentos improvisados que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad para un ser humano, "encontrándose hacinados en carpas, sin apenas capacidad de movilidad, con el mínimo de recursos para su supervivencia y siendo retenidos en esas condiciones cerca de veinticuatro días, excediendo, por tanto, las 72 horas que establece la Ley como máximo".
Así, la entidad ha recordado que ante el desbordamiento de los campamentos improvisados, durante este semana se liberaron a cientos de migrantes en Gran Canaria, produciéndose además desplazamientos a otras islas sin control administrativo, sin ningún tipo de garantías sociales, sanitarias, sin posibilidad de vivienda o alojamiento, sin tener regularizada su situación con la administración pública, ni capacidad de sustento o acceso a productos alimenticios de primera necesidad.
Por ello, la Delegación de la Fundación Internacional de DDHH ha reclamado que se luche contra la trata de personas y que los organismos estatales hagan caso a las voces de los representantes públicos canarios y de la ciudadanía, que piden una solución inmediata con control de la inmigración y de las fronteras, aplicación coercitiva de la ley a los traficantes de personas, acopio de información confidencial, amparo del poder Judicial, así como acatamiento a la Legislación nacional e internacional y apoyo en los mecanismos habilitados el efecto por la Diplomacia Internacional.
De igual modo, ha visto "fundamental y necesario" que se mejoren la infraestructuras actuales, las estrategias y que se cree un plan de contingencia para poder articular los servicios sociales y humanos imprescindibles, además de la atención médica y psicológica necesaria para dar una respuesta real, a un problema real.
"Solicitamos que se establezca una gestión financiera práctica, con información pública y transparente, para la gestión de la crisis, con la capacitación de personal de los CFSE y con una política de comunicación que repercuta en las percepciones y opiniones del público", expuso la Delegación.
Finalmente, ha apremiado a que los organismos públicos den respuesta a esta situación de forma inmediata. "La ciudadanía, de manera unilateral, no puede ni merece ser la responsable última de esta situación por la inacción de los poderes y organismos públicos", concluyó.
