Una ley para el futuro de nuestros nietos

La norma está alineada con las políticas europeas y es una herramienta fundamental para la obtención de los fondos de reconstrucción europeos, que deben impulsar la transición verde de nuestro modelo productivo y económico. Sin duda, un paso histórico que no admitía más retrasos.

Una vez que el texto entre en vigor, será el momento de comenzar a aplicar todos sus compromisos y de estar vigilantes, desde las instituciones y desde la sociedad civil, para que cada uno de ellos se cumpla, e ir provocando los cambios necesarios para avanzar hacia un horizonte verde.

Estas son algunas de las medidas más destacadas alcanzadas en el desarrollo de esta ley, que sitúan a España a la vanguardia en la lucha contra la emergencia climática y que abre la puerta a un futuro esperanzador para las próximas generaciones:

- El texto mantiene la obligación para 2023 de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 y favorecer la movilidad eléctrica y transporte público.

- Objetivos de la ley para 2030: reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990; elevar hasta el 74% la generación de electricidad con fuentes limpias y mejorar el objetivo de eficiencia energética hasta el 39,5%. El Consejo de Ministros podrá revisar, al alza, estos objetivos para 2030.

- Respecto a los coches, y de acuerdo con la norma europea de descarbonización a 2050, la ley señala que los turismos y vehículos comerciales ligeros, no destinados a usos comerciales, reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que para 2040 sean de 0 emisiones; además establece obligaciones para puntos de recarga en gasolineras y en edificios.

-Prohibición de sondeos y prospecciones de combustibles fósiles: no se procederá a la tramitación de cualquier solicitud de explotación de hidrocarburos ni se otorgarán permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas; tampoco se autorizará actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso del "fracking".

-La ley contempla la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo terrestre y establece que los títulos de ocupación se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prorrogas, sin superar los plazos máximos establecidos en la ley de costas, por un período máximo computable para la ocupación de 75 años.

-Impulsa la rehabilitación energética de los edificios, vigila los impactos del cambio climático en la salud pública y en la consecución de una dieta alimentaria sostenible y prioriza los bosques como sumideros de carbono.

-El despliegue de las renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y con combatir el deterioro demográfico.

-Obligatoriedad del Gobierno de revisar la sostenibilidad y el cambio climático en las enseñanzas del sistema educativo.

-Creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en ambas cuestiones.

-Aprobación de planes nacionales de adaptación al cambio climático, para identificar y evaluar los impactos y en varios escenarios posibles.

-El texto plantea además compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético y un impulso al ferrocarril como transporte para reducir emisiones.

-Y como objetivo fundamental a largo plazo, la neutralidad climática a 2050 con el 100% de la electricidad generada con fuentes renovables.

En definitiva, el viaje que nos llevará a salvar la vida de las futuras generaciones no ha hecho más que empezar. Para el año 2050, y a ser posible antes, España deberá haber construido un nuevo modelo de prosperidad respetuoso con el clima, en perfecta armonía con la naturaleza y protector de la salud de nuestros nietos y bisnietos. Esto no es un juego. Ya no cabe rescatar teorías medievales para hacer política. Es ahora o nunca, y ya llegamos tarde.