La capital quiere contar con un Consejo Sectorial de la Discapacidad
El Consejo constituirá un instrumento primordial para la participación de las personas con discapacidad en las políticas públicas de la ciudad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno el proyecto para la creación del Consejo Sectorial de la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con esta decisión se da un gran paso para que este órgano, tras dos años y medio de duro trabajo, sea, al fin, una realidad.
Antes de su aprobación definitiva, el proyecto tendrá que pasar antes por las comisiones correspondientes del Pleno del Consistorio de la capital grancanaria antes de ser sometido a votación en la sesión plenaria de finales de este mes.
Para Prisco Navarro, concejal de Participación Ciudadana que llevó a consideración hoy este proyecto a la Junta de Gobierno, el Consejo Sectorial de la Discapacidad es una de las “prioridades que me marqué como edil para este mandato, como también lo fue el ya constituido Consejo Municipal del Mayor, fundamentalmente porque se trata de una demanda histórica de los colectivos vinculados a la discapacidad y de los ciudadanos y ciudadanas relacionadas de alguna manera con este sector de la población”.
El Consejo Sectorial de la Discapacidad, que tendrá carácter consultivo, de formulación de propuestas y sugerencias, da, así, un paso de gigante para su constitución cuyo reglamento indica que será un “instrumento fundamental para la participación de las personas con discapacidad en las políticas públicas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”.
El proyecto es fruto, asegura Navarro, del “gran trabajo realizado por nuestro personal técnico del Servicio de Participación Ciudadana, gran parte de este documento ha sido elaborado, además, con la participación y las aportaciones de los colectivos y de la ciudadanía”.
Además, señala el concejal, cuenta con un “amplio consenso de los grupos políticos municipales y de los concejales no adscritos”. El documento ya sido sometido a la revisión de los servicios jurídicos municipales y a Intervención, “por lo que estamos hablando de un proyecto que ha contado con una amplia participación y consenso de la sociedad de la capital grancanaria”, concluye Prisco Navarro.