La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este lunes una nueva línea de ayudas, dotada con 30 millones de euros, para aquellos trabajadores y trabajadoras en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que atraviesen una situación de mayor vulnerabilidad y cobren actualmente una prestación por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Así lo adelantó la consejera tras un encuentro mantenido con el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, y el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, la primera de una serie de reuniones de trabajo que, tras el reciente encuentro mantenido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, servirán para definir las bases de esta convocatoria “desde el diálogo, el acuerdo y el consenso”.
La consejera explicó que estos 30 millones se destinarán a ayudar prioritariamente a las personas en ERTE “más vulnerables” y recordó que “este era un compromiso del Plan Reactiva Canarias y con él damos cumplimiento a un acuerdo consensuado con las organizaciones sindicales más representativas”.
Tras esta primera reunión, se está colaborando ya con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyo papel en la intermediación “es fundamental a la hora de acreditar la información necesaria para tramitar la ayuda”.
Completar el colchón social
“Con la definición de estas bases completaremos el colchón social de ayudas, por un lado a las pymes y autónomos más afectados y por otro a los trabajadores y trabajadoras en un ERTE que se encuentran en una situación más vulnerable”, añadió la consejera.
Por su parte, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, se congratuló de que “la petición hecha por los sindicatos al Gobierno de Canarias hace apenas 15 días haya surtido su efecto” y llamó a comenzar a trabajar ya para fijar los criterios de las bases y lograr que “estas personas, de manera casi inmediata, puedan acceder a las ayudas”.
También desde CCOO se valoró “de forma muy satisfactoria” el acuerdo alcanzado hoy, ya que a juicio de su secretario general, Inocencio González, “entendíamos de justicia que esta medida había que implementarla ya en nuestra comunidad autónoma”. González afirmó que el criterio de mayor vulnerabilidad es un criterio “perfectamente compartido” y apostó por ajustar las condiciones de las bases “para que no sobre un euro de esos 30 millones”.
