Canarias reformará por la vía de urgencia su legislación para garantizar a través del derecho de admisión que los turistas que recibe están libres de Covid-19: en cuestión de días, sin test negativo, ningún viajero será admitido en un hotel, apartamento o vivienda vacacional.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su consejera de Turismo, Yaiza Castilla, han dado a conocer los principales detalles del decreto ley que su Gobierno quiere aprobar esta misma semana tras haber visto, una y otra vez, cómo diferentes instancias nacionales y europeas rechazaban su propuesta de implantar los test en origen.
Castilla ha subrayado que, dentro de un ámbito de su exclusiva competencia, el turismo, el Gobierno canario cree haber encontrado la "ingeniería jurídica" precisa para convertirse en la primera comunidad que establece este tipo de control: Reconoce que no puede imponer directamente un test al viajero procedente del resto de España o de otro país, pero ejerce su derecho de admisión en los alojamientos reglados, que ahora pedirán a sus clientes una PCR o una prueba de antígenos negativa hecha un máximo de 72 horas antes.
Canarias impulsa para ello la reforma de dos leyes autonómicas, la de Ordenación del Turismo y la de Actividades Clasificadas, cuando apenas han trascurrido 48 horas desde que los dos países que representan más del 50 % de sus turistas, el Reino Unido y Alemania, le han retirado la etiqueta de destino con riesgo de contagio.
En vista de la buena evolución de la pandemia en las últimas semanas en las islas, que ha llevado a Canarias a tener la tasa de incidencia másbaja de España (77,41 casos por 100.000 habitantes en 14 días), ni las autoridades británicas ni las alemanas exigen ya a sus nacionales una cuarentena cuando regresan de las islas.
Torres y Castilla han subrayado que Canarias no quiere ni arriesgar todo lo que ha conseguido para intentar que su industria turística salga del "cero" en el que está sumida desde mediados de marzo, ni mucho menos exponer a la salud de su población por brotes que hipotéticamente entren en las islas a través de los turistas procedentes de otros lugares con mayor incidencia (el resto de España tiene una tasa de 410 por 100.000; Alemania, 130; y el Reino Unido, 384; Francia, 589; y los Países Bajos, 615).
La consejera ha explicado que el decreto ley hace referencia a los "turistas", ya sean españoles o de otros países, porque ese es el ámbito en el que puede legislar de forma ordinaria y dentro de sus competencias autonómicas, pero el presidente Torres ha precisado que el Gobierno de Canarias no descarta buscar una fórmula para el resto de viajeros que lleguen a las islas sin tener como destino un hotel o un apartamento, aprovechando el paraguas del estado de alarma.
El texto del decreto ley ha sido presentado este lunes al Consejo Asesor del Presidente, conformado de forma estable por las dos grandes patronales, CEOE, Confederación Canaria de Empresarios, UGT y CCOO y ampliado para esta ocasión con representantes de las cuatro patronales turísticas y de los siete cabildos del archipiélago.
Con el apoyo unánime de este órgano asesor, el Gobierno inicia la tramitación del decreto ley con el propósito de aprobarlo esta misma semana. La normativa entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, aunque luego tenga que recibir obligatoriamente el refrendo del Parlamento autonómico.
Sin embargo, el Gobierno canario también quiere preservar el "derecho a la información" de sus turistas de cualquier país y dará un plazo de unos días, aún por definir, pero nunca más de 15, para que esta normativa llegue a toda Europa a través de los turoperadores, las cadenas hoteleras, las agencias de viaje o las embajadas, de forma que todo el mundo conozca que necesita un test.
Rechazo de las instancias nacionales y comunitarias a los test en origen
Castilla ha precisado que el decreto va a ser lo suficientemente abierto para que se acepten los certificados expedidos por organismos sanitarios o clínicas de todos los países de procedencia de los turistas y para que, si el avance tecnológico aporta nuevas vías diagnósticas rápidas, no sea necesario reformar su articulado.
En este momento, ha dicho la consejera, Canarias apuesta claramente por los test de antígenos, capaces detectar la infección de covid con muy alta fiabilidad, en minutos y a un coste muy bajo (20-30 euros, frente a los más de 100 que cuesta una PCR).
La consejera también ha precisado que los test los pagará el viajero, tanto si se somete a la prueba su país, como si llega a la recepción de su hotel sin ella y desde allí le derivan a un centro sanitario, clínica o laboratorio de Canarias para que se la haga.
Torres ha explicado que su Gobierno hubiera deseado que este tipo de test se hicieran en los aeropuertos, pero ha recordado que sus
propuestas al respecto han sido reiteradamente rechazadas. Así que, sin competencias sobre esas instalaciones, Canarias opta por otra vía, porque cree que "no se puede perder más tiempo".
El decreto ley también sugerirá a los turistas que se descarguen la aplicación móvil Radar Covid, para facilitar el rastreo (completamente anónimo) de sus contactos si se produce un positivo, y dejará abierta la regulación de los test de retorno, si algún país vuelve a exigir cuarentenas a quien vuelva desde Canarias.